La información publicada por El País el 16 de septiembre de 2026 señaló que pacientes registrados con prioridad preferente pasaron a figurar con prioridad normal. Según ese diario, dos responsables médicos habrían modificado la gravedad asignada para mejorar los resultados de las listas de espera quirúrgicas.
El cambio afectó a pacientes con plazos de espera distintos
La prioridad preferente establece que una persona debe ser intervenida antes de 90 días, mientras que la prioridad normal eleva ese plazo de referencia hasta los 180 días. El cambio registrado en el Ramón y Cajal habría permitido, por tanto, disponer de más tiempo para realizar las operaciones sin que los pacientes aparecieran fuera del plazo correspondiente a su nueva categoría.
Entre los casos citados por El País figura el de una niña de tres años. Según la información publicada por ese medio, una doctora detectó el cambio de prioridad al revisar el caso de su paciente, cuya situación podía implicar el riesgo de perder una pierna.
La Consejería de Sanidad ha confirmado la apertura de diligencias previas para recopilar información, según recogió eldiario.es el 16 de septiembre. La investigación deberá establecer si los cambios respondían a decisiones clínicas justificadas o si se alteraron los criterios con los que se contabiliza la espera quirúrgica.
Sanidad atribuye los cambios al cirujano que denunció el caso
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, negó en una rueda de prensa que se hubieran manipulado las listas de espera de la sanidad pública madrileña. Según eldiario.es, Matute sostuvo que el cirujano que denunció el caso habría modificado irregularmente la gravedad de algunos pacientes “para su beneficio”, con el objetivo de “trabajar menos y operar casos menos complejos”.
“El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera”, afirmó Fátima Matute, según la transcripción publicada por eldiario.es.
La consejera vinculó además esas acusaciones a la existencia de expedientes disciplinarios abiertos contra el profesional y mencionó posibles daños en el vehículo de un jefe de servicio. eldiario.es señaló que Matute no precisó si los expedientes afectados correspondían a un único médico ni cuántos profesionales habían confirmado las presuntas irregularidades.
La versión ofrecida por la Consejería no aclara por qué se produjeron los cambios de prioridad registrados en los 57 casos ni quién tenía capacidad para ordenarlos o validarlos. Tampoco determina si la modificación afectó únicamente a esos pacientes o si existen más expedientes pendientes de revisión.
La investigación sigue abierta y las versiones son incompatibles
La Comunidad de Madrid mantiene abiertas dos explicaciones contrapuestas. La información publicada por El País, basada en documentos y comunicaciones a los que tuvo acceso el diario, apuntó a una rebaja de prioridades para mejorar los indicadores de espera; la Consejería sostiene que fue el propio cirujano denunciante quien alteró la gravedad de los pacientes.
La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó a la Comunidad de Madrid de “maquillar” y “manipular” las listas de espera durante una comparecencia recogida por ABC y El Norte de Castilla el 16 de septiembre. García reclamó medidas para impedir la alteración de los datos, mientras Matute la acusó, según eldiario.es, de extender a toda la sanidad madrileña el comportamiento atribuido a un profesional concreto.
El PSOE-M reclamó explicaciones a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el cambio de prioridad de los pacientes y la gestión de las listas de espera, según la información difundida sobre sus declaraciones. La formación pidió aclarar si las modificaciones respondieron a criterios asistenciales, quién las ordenó y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelvan a producirse.
Las diligencias previas de la Consejería de Sanidad continúan abiertas. Hasta que finalice esa investigación, la Comunidad de Madrid no ha concretado el número de profesionales implicados, el alcance de la revisión ni las actuaciones que se aplicarán a los 57 expedientes.
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